Hoy, 21 de septiembre, se han reunido los máximos representantes del conjunto de universidades y centros de investigación de Cataluña (unas sesenta instituciones que representen cerca del 90% del sistema) para valorar la situación creada en Cataluña como resultado de las actuaciones del Estado español en los últimos días. Han asistido también a la reunión representantes de los sindicatos y de las asociaciones de estudiantes.
Se ha constatado que se ha atentado contra la honorabilidad de las instituciones académicas y de investigación de Cataluña, que han sido incluidas por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública en una lista de entidades intervenidas financieramente y, por tanto, sospechosas ante el Ministerio de poder cometer actos de fraude. Esta lista ha sido entregada a las entidades bancarias con el objetivo de bloquear y tener bajo control la actividad de gestión económica ordinaria, sin ningún tipo de comunicado previo y directo a las universidades y centros de investigación. Esta actuación pone en riesgo la actividad académica así como la investigación, incluso cuando esta está financiada con recursos de la Unión Europea y con fondos privados, y daña tanto la reputación como la credibilidad internacional de las instituciones, puntos críticos a efectos de su participación en proyectos internacionales y a la captación y retención de talentos.
Debido a ello, las entidades asistentes:
- exigen a las autoridades competentes del Estado español la cancelación inmediata de estas medidas absolutamente insólitas e inaceptables;
- comunicarán a las instancias europeas e internacionales la grave situación de crisis derivada de estas actuaciones.
Por otro lado, respecto a las movilizaciones que se puedan producir en los próximos días, la Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) manifiesta que una de las funciones de las universidades es formar profesionales altamente calificados a la vez que ciudadanos críticos y responsables socialmente. En este sentido, se acordarán en breve patrones comunes para facilitar la participación de los estudiantes, del personal docente e investigador así como del personal de administración y servicios a las movilizaciones que se puedan llevar a término.
